Porras eléctricas

Porras eléctricas

El 25 del pasado mes de julio, las agencias de noticias distribuían una información en la que se podía leer: “Un hombre de 39 años, detenido por la Guardia Civil por alterar el orden público, desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad, falleció en el Cuartel de Roquetas de Mar, por un paro cardíaco, según informó hoy en un comunicado el Instituto Armado”. “Según la Guardia Civil, (...) cuando iba a ser introducido en el vehículo oficial para trasladarlo al arresto municipal, en el patio del cuartel, volvió a alterarse y entró en una nueva crisis nerviosa, ‘siendo preso al parecer de un infarto de miocardio’”. Bien, pues todo eso era mentira. No sé si los medios le dedicaron mucho tiempo al tema, pero lo que parece claro es que todo el mundo creyó a la Guardia Civil antes que a la familia del fallecido.

Dos días después, aparecían nuevos datos sobre lo sucedido. La prensa contaba que a uno de los guardias civiles se le había abierto un expediente disciplinario y había sido suspendido por haber usado una porra eléctrica y otra extensible para intentar reducir al detenido. Dos armas que no son reglamentarias. Al parecer, el agente lo negó, pero las cámaras de vigilancia del patio del cuartel le pusieron en evidencia.

Otros dos días después se supieron más detalles, estos ya definitivos para que los dirigentes informativos de los medios de comunicación entendieran que la cosa era importante. La voz de Almería publicaba que la muerte del agricultor detenido no había sido a causa de un paro cardíaco sino por asfixia. El teniente reconocía haber cogido lo primero que vio para intervenir en la reducción del detenido, es decir: una porra eléctrica. Un guardia civil que ya tenía antecedentes, según cuenta la cadena SER.

La investigación sigue abierta y se suceden las declaraciones de, al menos, nueve agentes más que presenciaron los hechos. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, ya ha pedido la comparecencia del Ministro del Interior, José Antonio Alonso, en el Congreso. Ya veremos cómo acaba todo esto. Un asunto que no es nuevo para la gente que se dedica a conocer las torturas que se producen en comisarías y cuarteles de toda España. Un tema sorprendentemente bien vetado en los medios de comunicación y, por extensión, en la opinión pública.

En el año 2003 un Relator Especial de la ONU, llamado Theo van Boven, visitó España para redactar un informe sobre la tortura aquí. En sus conclusiones, el Relator Especial asegura que “la tortura o los malos tratos no son sistemáticos en España, pero que, en la práctica, el sistema permite la ocurrencia de tortura o malos tratos, en particular en el caso de personas detenidas en régimen de incomunicación por actividades terroristas”. El Relator investiga los hechos de tortura a través de las denuncias de los que las sufren. No hace falta ser muy listo para deducir que los detenidos por asuntos de terrorismo tienen un asesoramiento legal, unos abogados, que no tienen ni inmigrantes, ni drogadictos, ni prostitutas... por citar sólo algunos colectivos que pueden entrar en conflicto con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (aunque todos estamos expuestos).

A pesar de ello, el Relator también habla de esto, y escribe: “Según información recibida de fuentes no gubernamentales, la tortura y los malos tratos por motivos raciales, incluida la violación y los abusos sexuales, parecen frecuentes en España. Se han recibido denuncias de tortura y malos tratos presentadas por personas no originarias de la Europa occidental o por miembros de minorías étnicas, como los gitanos. Según los informes, el perfil racial es común, y la utilización discriminatoria de las comprobaciones de identidad ha llevado a situaciones en las que extranjeros o gitanos han sido objeto de abusos y malos tratos físicos, infligidos por funcionarios públicos. Esas personas pueden tropezar con dificultades para formular una denuncia o sostenerla durante la tramitación judicial. (...) El Relator Especial ha llegado a la meditada consideración de que esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones. El Relator Especial no concluye que los tratos que acaba de describir constituyan una práctica regular pero, a su juicio, su ocurrencia es más que esporádica e incidental”. ¿Habíais leído / visto / oído esto en algún sitio medio? Yo no.

El silencio de los medios también es criticado por el Relator, que al final de su informe escribe: “Al término de su visita a España, el Relator Especial se reafirma en su opinión de que debe haber un espacio público y democrático para plantear y discutir cuestiones de derechos humanos como las que caen en el ámbito de su mandato”.

Una de las organizaciones con las que habló Van Boven para redactar su informe es Amnistía Internacional que el pasado mes de junio presentó un documento en el que se contaban más de 300 denuncias por torturas xenófobas en los últimos 10 años en España. Y las que no se conocerán.

Como dice Van Boven en su informe, "La negación y el silencio comprometen los valores inherentes a la dignidad y la seguridad humanas”. El Centro de Documentación Contra la Tortura informa y lucha contra este silencio en su web.